Compliance corporativo y empresas familiares
Un estudio publicado por CONFIEP revela que del casi 2’700,000-00 de empresas registradas ente el INEI, el 99.4% son micro y pequeñas empresas; y de éstas, el 80% son empresas familiares, las que aportan al 40% del PBI nacional. Esto es un claro indicador, del valor y trascendencia que representa a la economía nacional las empresas familiares. Y es por ello, que conservarlas o preservarlas, tiene una relevancia directa con el empleo, la productividad y el crecimiento económico de nuestro país. Y justamente, dentro del universo de normas que impactan directamente en la sostenibilidad y permanencia de estos agentes de mercado, está la recientemente publicada Ley Nro. 31740 (13.05.2023), norma que regula la “responsabilidad penal” de las personas jurídicas, y promueve el buen gobierno corporativo, la misma que es un complemento de su antecesora la ley 30424.
Dicha norma, cuya vigencia entrará en Noviembre del 2023, establece la necesidad de que toda organización empresarial cuente con Programa de Cumplimiento Normativo (en adelante Programa Compliance), el mismo que resulta ser una suerte de escudo legal para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos negativos que se derivan de la comisión de ciertos delitos por algún miembro de la empresa.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación de esta norma, no diferencia el tamaño de la organización empresarial, y por ello mismo, consideramos que toma especial interés la implementación de estos Programas Compliance en las empresas denominadas Familiares-Pymes. Como sabemos este tipo de empresas, regularmente las decisiones están centralizadas en un Fundador-Propietario, los órganos de dirección están concentrados en el grupo familiar, y la posibilidad de duplicar funciones es recurrente (accionista-Gerente, accionista Presidente de Directorio, etc). Asimismo, este tipo de organizaciones también trae como necesidad, el tener en forma paralela un adecuado Protocolo Familiar que regule la vida interna de la empresa para generarle trascendencia en el tiempo.
En función a estas consideraciones, la posibilidad de que el riesgo de sanciones penales impacte en los representantes legales y/o dueños de la empresa, resulta siendo más frecuente, dado que el modelo organizacional dentro de estas empresas familiares, no importa una gran distribución vertical de funciones, por ende, el esquema organizacional.
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Autores: Jose Carlos Tuesta Salazar / André Barba Silva